El pasado lunes en la asamblea departamental de Santander, la diputada Ángela Hernández, en un debate sobre la implementación de la Ley 1620 de convivencia escolar en el departamento, afirmó que el Ministerio de Educación está obligando a la instituciones educativas a incluir en sus manuales de convivencia medidas que benefician a la comunidad LGBTI, que van en contra de los principios y valores de la mayoría de la población. 

En declaraciones a La W, Hernández sugirió que esta posición de la cartera se debía a la orientación sexual de la ministra Gina Parody. “Desde cuando la ministra se posesionó los colegios han empezado recibir visitas y cartas por parte del ministerio donde les están imponiendo tener en cuenta en los manuales de convivencia condiciones costumbres y actitudes de la comunidad LGBTI”. La diputada fue más allá en sus denuncias y aseguró que el ministerio está obligando a las instituciones educativas a que los estudiantes utilizaran el uniforme “no por el sexo otorgado sino por el que expresen” y que la educación sexual estaba confundiendo a los niños e induciéndolos a la homosexualidad. Incluso sugirió que se deberían crear colegios exclusivos para la población LGBTI.

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De inmediato el Ministerio de Educación salió a desmentir las acusaciones. El viceministro, Víctor Saavedra, afirmó que la revisión de los manuales de convivencia para evitar la discriminación de estudiantes LGBTI es una medida ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia que tuteló los derechos de Sergio Urrego, joven homosexual que se suicidó en el 2014 por la persecución de la que fue víctima en su colegio. Además aseguró que la cartera “no tiene lineamientos sobre el uso de los baños o los uniformes y que cada colegio es autónomo para reglamentar estos temas” y que las instituciones también son libres de establecer los contenidos de las clases de educación sexual.

Las polémicas declaraciones, que han recibido el apoyo de algunos sectores de la sociedad y el repudio de otra parte por considerarlas homofóbicas, reabrieron un debate de nunca acabar sobre cómo evitar la discriminación de los estudiantes LGBTI y cuál debe ser la educación sexual que se debe impartir en estas instituciones.

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Debate de suma importancia para el país y que es necesario dar, pero que, a juzgar por las opiniones de la diputada, está basado más prejuicios que en el análisis de los argumentos elaborados por expertos.

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Como explica Laurent Marchal, profesor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz e investigador del Sex Lab, al analizar el discurso de Hernández se observa la manera como ella transmite información errada y en la que no tiene ni el mínimo conocimiento de la terminología científica sobre el tema, “por ejemplo, confunde a los transgeneristas con los homosexuales y es un error muy grave porque a la luz de los estudios psicológicos y sociológicos un homosexual no es necesariamente transgenerista y viceversa”.

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Con esta posición coincide el reconocido investigador en educación Francisco Cajiao, quien dice que los argumentos de la diputada cristiana se basan en prejuicios religiosos sin fundamento alguno, y lamenta que este tipo de discusiones “que deberían ser conducidas por expertos se degraden al plano ideológico y las dirijan personas que no saben nada sobre sexología y comportamiento sexual”.

Además del desconocimiento, la oposición a que en los manuales de convivencia se garanticen los derechos de los estudiantes LGBTI y los colegios les impartan cátedras de orientación sexual esconde un profundo miedo a que con estas acciones los niños se conviertan en homosexuales.

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“Se considera que si un niño desde pequeño sabe que hay distintas formas de orientación sexual, se va a inclinar hacia alguna de ellas, y no hay nada más falso que eso, es como suponer que un estudiante se convierta en budista, hinduista o musulmán solo por el hecho de saber que en el mundo existen distintos tipos de religiones”, asevera Cajiao.

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Al contrario, los estudios han demostrado que la educación sobre el tema desde edad temprana ha ayudado a reducir los abusos sexuales, retrasado la edad de inicio de la actividad sexual y contribuido a la tolerancia y el respeto a la diferencia.

Por la importancia del tema en el que se juega no sólo la educación de los niños, sino la protección de los derechos de minorías como los de la población LGBTI, el llamado de los expertos no es a que haya una unanimidad sino a que las distintas posiciones se basen en argumentos sólidos producto de un análisis juicioso de los estudios y bibliografía sobre el tema.

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“Un debate informado libre prejuicios y mitos de cara a la opinión pública es la única manera que hay para fomentar los derechos de la comunidad LGBTI y para mejorar la calidad de la educación sexual de los niños y jóvenes”, afirma Marchal.

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Con información de: Semana

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