Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores apoya la resolución 9.855, que permite al Ejecutivo insertar a empleados de empresas públicas y privadas al servicio del sector agroalimentario temporalmente. Explica que tiene la intención de activar el parque productivo que no esté en funcionamiento.

“Esta resolución 9.855, como decreto del Presidente no es una esclavitud, es un trabajo totalmente voluntario. Los trabajadores que quieran moverse a colaborar a reactivar las empresas, se mueven a nuevos sitios y tendrán sus derechos garantizados y se les habilitarán formas de residencias al nuevo sitio laboral. No hay trabajo de esclavos en Venezuela”, aseguró en entrevista con Unión Radio.

La Gaceta Oficial N°40.950 establece “un régimen especial transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixtas” y no menciona el mecanismo de la medida. El dirigente adelantó que el gremio al que representa coordinaría la acción junto con el Ejecutivo. Con el documento esperan movilizar la clase trabajadora especializada para “transmitir capacidad”. 

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras muestra desconfianza y pide detalles sobre el esquema, pues explica que se corre el riesgo de generar más pérdidas en el sector primario de la economía, reseña el periódico El Tiempo.

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“Hemos visto que nos han confiscado tierras, activos, han confiscado inventarios de materia prima como de productos terminados y ahora van a la confiscación de la mano de obra.

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Nos parece que esto no agrega valor a las soluciones sino, por el contrario, va a empeorar la situación”.

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Tags: Venezuela

Con información de: La Verdad

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