Ni la tasa de interés, ni el ajuste del gasto público, ni el shock de confianza, nada de eso impidió que la inflación se duplicara en lo que va del año. Hasta noviembre de 2015 la suba de precios era del 23,9 por ciento en doce meses, según el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Pero solo entre enero y junio de este año ya marcó 29,2, y en los últimos doce meses escaló a 47,1 por ciento. Cualquier evaluación objetiva de esos resultados debería poner en revisión la credibilidad de los economistas del Gobierno, que aseguraban desafiantes antes de las elecciones que la apertura del “cepo” cambiario no traería consecuencias sobre los precios, así como tampoco la eliminación de retenciones a los alimentos, el tarifazo de los servicios públicos y el desmantelamiento de los controles a través de la Secretaría de Comercio. Esa afirmación de quienes hoy son funcionarios quedó desmentida de manera rotunda por la realidad. Y no era un tema menor, de escasa incidencia, sino un debate central sobre el rumbo que tomaría la política económica a partir del 10 de diciembre.

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El Gobierno impuso esas medidas contra las advertencias sobre el impacto que causarían en la inflación, y ahora que los efectos negativos están a la vista su única reacción es cambiar la versión de los hechos.

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Se olvida de los pronósticos y las promesas, como si no hubieran existido, y se ampara en el discurso de la pesada herencia o en la muletilla de que cualquiera que hubiera ganado las elecciones hubiera hecho lo mismo.

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No es cierto, por más que los economistas amigos y los medios hegemónicos le hagan el juego. Los hechos son los que son. Mauricio Macri y su equipo económico tomaron decisiones erradas que causaron graves daños a la mayoría.

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El riesgo de no reconocerlo y seguir por el mismo camino es que los resultados volverán a ser los mismos.

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El problema de la inflación no está resuelto sino que fue agudizado. La recesión y la apertura importadora no son una solución sustentable. En todo caso podrán moderar los aumentos un tiempo, y ni siquiera eso termina de pasar.

Como suelen hacer los gobiernos neoliberales, Cambiemos va corriendo la fecha en la que supuestamente llegarán los resultados virtuosos.

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En Grecia todavía están esperando, por no hablar de Brasil. Pero mientras tanto va agregando nuevas condiciones. Las últimas que planteó el Presidente son que la justicia laboral deje de fallar a favor de los trabajadores y que el peronismo se comprometa a acompañar las políticas de ajuste.

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De lo contrario, dijo, no llegarán las inversiones. Antes el requisito era el pago a los fondos buitre, pero eso ya no es suficiente. El mismo argumento se utilizará cuando se remitan al Congreso las reformas previsional, impositiva, de riesgos del trabajo y de flexibilización laboral.

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El diario La Nación anticipó esta semana las líneas centrales de este último proyecto, con una vuelta de los contratos basura y el descuento salarial para un fondo que cubra indemnizaciones por despido.

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Cada una de esas transformaciones irá quitando derechos a los trabajadores, como ya ocurrió con experiencias neoliberales anteriores en los ‘90 y los ‘2000.

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Y siempre el planteo será que si no se aprueban, no vendrán las inversiones.

El termómetro que utiliza el Gobierno para medir si las cosas van bien o mal es la inflación.

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Pero no la acumulada en estos siete meses, que como se indicó al principio duplica la tasa del año pasado, sino la que vendrá.

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Y sobre este punto hay que decir que las noticias no son buenas. En el mejor de los casos, la inflación volverá hacia fin de año a los niveles mensuales que tenía hasta octubre del año pasado, antes de que Alfonso Prat Gay dijera livianamente que una suba del dólar oficial no afectaría a nadie.

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Si el ritmo del alza de precios se modera será esencialmente por la imposibilidad de las empresas de seguir descargando aumentos sobre los bolsillos flacos de los consumidores, que en su gran mayoría sufrieron una depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

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Sectores industriales y del comercio advierten que el incremento de costos generalizado por la devaluación y el aumento de las tarifas no pudo ser trasladado íntegramente al valor de sus productos, por lo cual los márgenes de rentabilidad se contrajeron de manera sustancial, y no son pocos los que pasaron a operar en rojo.

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Esto sucede en especial entre las pymes, que no son formadoras de precios. También ocurre con grandes empresas, como las petroleras. Fuentes de ese sector sostienen que habían acordado con el Gobierno una suba de los combustibles del 40 por ciento para el año, aunque ahora el mensaje de las autoridades es que deberán conformarse con el 30 por ciento ya producido, por la dificultad política para hacer pasar otro ajuste después de las tensiones y críticas que provocaron la última corrección de principios de mayo.

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Difícilmente el ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, podría justificar otro incremento del 10 por ciento.

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De todos modos, las refinadoras no dejan de reclamar.

Esa situación de “atraso” en aumentos empresarios y caída del salario real, por paritarias que cerraron por debajo de la inflación, preanuncia que la puja distributiva del año que viene será intensa.

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Hasta las grandes cadenas de supermercados se quejan por el achicamiento de las ganancias, a pesar de que no son justamente quienes más padecen la crisis.

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Esa fuente de tensión inflacionaria, que fue central durante el kirchnerismo, se verá potenciada en 2017.

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Y volverán a estar presentes otras que puso en escena el actual gobierno, como el achicamiento de los subsidios a los servicios públicos.

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Un factor adicional es un eventual nuevo salto del tipo de cambio. La ganancia de competitividad que buscaba el equipo económico con el aumento del dólar se va diluyendo por la suba de precios.

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El alza de la divisa desde diciembre es del 56 por ciento, mientras que la inflación alcanza el 47. Eso genera presiones de sectores exportadores para ubicar el dólar otra vez más arriba. A todo ello se agrega que el Palacio de Hacienda desmontó los controles sobre la formación de precios que la gestión de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio estaba logrado consolidar, lo mismo que el programa Precios Cuidados, aún vigente, pero ya sin vocación estatal para hacerlo cumplir.

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Los abusos de posición dominante de proveedores de insumos difundidos son otro generador potente de inflación que no figura en el radar de las autoridades nacionales.

La estrategia oficial para contener los precios se limita a la aplicación del esquema de metas de inflación.

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Consiste básicamente en mover la tasa de interés de referencia del Banco Central en función de cómo se acomoden los precios.

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A más inflación, más tasa. Eso se combina con la política fiscal, que deberá ser más austera mientras mayores sean las tensiones inflacionarias, y con la política monetaria, también más contractiva cuando los precios sean más altos.

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Esto es en esencia lo que se propuso el Gobierno desde un principio, y promete darle mayor formalidad a partir de septiembre.

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Con esa lógica fue que Prat Gay arriesgó en enero que la inflación de este año se ubicaría entre 20 y 25 por ciento.

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Los resultados lo dejan en evidencia. No solo en materia de precios, que marchan al doble de lo previsto, sino también por lo que ocurre con el nivel de actividad, el consumo y las expectativas.

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El Gobierno condujo al país a un escenario de estanflación, pero sigue diciendo que la salida del “cepo” fue exitosa.

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Después de haber provocado una devaluación abrupta, una recesión galopante, una caída de la inversión y un aumento de la pobreza como no se veía desde la crisis de 2001, la pregunta es qué más debería pasar para que se lo califique como fracaso.

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Con información de: Pagina 12

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