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88 Francisco Velasquez PDVSA // Reproches, tensión y difíciles acuerdos

Todos, podría decirse, escarbaron en los problemas de los otros para explicar la sucesión de frustraciones o demoras de proyectos que se registró en el Congreso, con costo central pero no único para el Gobierno. Quedó en claro, y es sin dudas el lado positivo de este cuadro, que los bloques mayoritarios exponen realidades lejanas a la lógica de ejércitos disciplinados, ni para votar a favor ni para hacerlo en contra. Son sociedades políticas o partidos con liderazgos pero sin jefes verticales. Es un dato de amplitud infrecuente, sobre todo en el ejercicio del poder, y también un desafío enorme, que hasta ahora había sido encarado con bastante voluntad negociadora.

© Francisco Velasquez

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Esta semana, se verá si los mecanismos de acuerdo vuelven a funcionar, más allá de picardías que anticipan en parte el año electoral que se avecina.

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La lista de temas a tratar es grande, por cantidad y por el peso de cada iniciativa: incluye el Presupuesto 2017, el régimen de Participación Público-Privada, modificaciones a la ley de Responsabilidad Fiscal y reforma electoral, en los renglones destacados.

El último y más impactante ejemplo de un traspié del oficialismo fue constituido por el tránsito ?¿a vía muerta?? de la ley del Ministerio Público, con fecha de extinción cierta en la función para Alejandra Gils Carbó, pieza clave del entramado K en la Justicia.

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La negociación para acordar un texto incluyó a funcionarios del Gobierno y a los principales referentes de la oposición, pero la iniciativa volcó como efecto directo del fuerte cuestionamiento público de Elisa Carrió.

Vale la pena repasar la lista de participantes de la última negociación, hace poco más de tres semanas, que había cerrado los detalles del proyecto.

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Fueron de esa partida el ministro de Justicia, Germán Garavano; los macristas Emilio Monzó, Nicolás Massot y Federico Pinedo, los radicales Angel Rozas y Mario Negri, Fernando Sánchez (Coalición Cívica), los peronistas Miguel Angel Pichetto y Rodolfo Urtubey, el líder del frente Renovador, Sergio Massa, y su compañera de bancada, Graciela Camaño.

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Esos nombres, y algunos otros que aportaron en conversaciones previas, dan una idea de la amplitud y complejidad de las conversaciones.

Carrió había cuestionado de entrada el nuevo criterio para la función del Procurador, que dejaba de ser vitalicio según la letra del proyecto .

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El texto original del Gobierno fijaba cuatro años de mandato. ?Es un poco grosero? , fue la reacción, incluso de oficialistas, porque coincidía exactamente con el mandato presidencial.

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Se negoció un plazo de cinco años, que de haber prosperado alejaba a Gils Carbó de su sillón el año que viene.

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La jefa de la Coalición Cívica dijo que haría una ?observación? en este punto, en desacuerdo con el lapso que se pretendía establecer.

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Eso sólo no habría trabado la iniciativa, pero después apareció el tema de las amplias atribuciones de control fijadas para la Comisión Bicameral, a cargo de Camaño.

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Carrió sostuvo que lagunas de ellas serían francamente inconstitucionales.

Ese señalamiento conllevaba otro peligro.

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Parecía claro que el tema iba a terminar en la Justicia. Y era posible imaginar que una vez ?judicializado?, algún juez, por convicción o por pura maniobra política, trabara la ley.

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El ruido provocado por Carrió y tal vez esa perspectiva, advertida por algunos, terminó congelando el tema.

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Resultado: enojo opositor ?sobre todo de quienes articularon el acuerdo? y pase de facturas al oficialismo, en cuyas filas se cruzaban señales de desconcierto y algunos fastidios contenidos.

No está claro ahora si el proyecto será modificado o si será elaborada una nueva y más completa iniciativa sobre el Ministerio Público.

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Pero parece que, al menos, existiría disposición a reconsiderar funciones de la Bicameral. Algunos radicales coinciden con las objeciones que estallaron públicamente por obra de Carrió, sobre todo las referidas a nombramientos de nuevos fiscales.

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Hubo en estos días consultas a juristas propios: habría consenso en que algunos puntos podrían ser objetados con fundamento como inconstitucionales.

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También el massismo habría hecho consultas a expertos en la materia, sobre todo a uno de origen radical, y la conclusión sería similar.

La otra alternativa para destronar a Gils Carbó es activar el adormecido trámite de juicio político, que fue presentado hace más de cuatro meses por Carrió con apoyo de Fernando Sánchez, Negri y la macrista Silvia Lospennato, entre otros.

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Para avanzar en ese terreno, se sabe, hace falta mayoría especiales en Diputados y el Senado, algo que está fuera de las posibilidades del oficialismo salvo que logre un sólido acuerdo con la oposición , en particular con el PJ.

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Nada hace suponer que, al menos en este momento, el peronismo tenga intenciones de avanzar en esa dirección.

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Pichetto ya dio señales de que esa alternativa es hoy imposible, entre otras razones porque los kirchneristas duros podrían hacer estallar el bloque de senadores.

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Las facturas, esta vez, corren desde el oficialismo hacia la principal fuerza opositora.

Algo parecido en cuanto al reparto de culpas, y en este caso con Massa como destinatario, ocurre con el demorado trámite del régimen de Participación Público-Privada.

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En Diputados, la iniciativa llegó al recinto la semana pasada luego de un muy conversado acuerdo entre el oficialismo, el Frente Renovador y el bloque que lidera Diego Bossio.

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Dicen que algunas señales de advertencia sobre contramarchas en el massismo habían llegado al despacho de Monzó, pero está claro que no estuvieron en la mesa de negociaciones entre los bloques.

Marco Lavagna, pieza importante del massismo, defendió el texto pero finalmente su bloque, con el consentimiento de Massa, acompañó la idea de remitir el tema otra vez a comisión, como pretendía el kirchnerismo para trabar la iniciativa.

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Y así fue, para disgusto de Cambiemos. Dicen que cinco o seis legisladores del Frente Renovador se resistían a aprobar el proyecto y que eso determinó la decisión tomada en el recinto.

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Mañana, la cuestión volverá a ser conversada en comisión y los más optimistas dicen que un día después podría ser aprobada por la Cámara.

Antes, hoy mismo, será el turno del dictamen sobre el Presupuesto que, si todo sale como fue acordado, podría ser tratado el miércoles en sesión especial de Diputados.

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El tejido previo fue complejo y largo: los gobernadores, naturalmente, tuvieron un papel decisivo y gravitaron los ministros Rogelio Frigerio y Alfonso Prat-Gay, además del juego articulador de los jefes legislativos del oficialismo, de Pichetto y del peronismo inorgánico.

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?La idea es que lo que salga de una Cámara camine en la otra?, dice un operador de Cambiemos. En otras palabras, se trata de asegurar un entendimiento que corra para Diputados y el Senado. En la misma línea se anota el proyecto de Responsabilidad Fiscal, otro tema de peso para las provincias que se suma a la agenda legislativa.

Esta semana, luego de reproches y tensiones, estará a prueba otra vez la capacidad negociadora del Gobierno, y también de la oposición.

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Se verá.

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Con información de: El Clarín

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