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No habrá más conexidad del narcotráfico y secuestro al delito político

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Después de que el presidente Iván Duque sancione la reforma constitucional que desligará al narcotráfico y secuestro del delito político, grupos armas como el Eln no podrán justificar estos delitos como acciones de rebelión. Este jueves, la plenaria del Senado le dio su sí a esta iniciativa de autoría del Gobierno.

“Este es un proyecto que el presidente, ,desde la campaña lideró. Lo presentamos el 8 de agosto y efectivamente se ha convertido en reforma constitucional” , celebró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Lea: Secuestro y narcotráfico ya no serían acogidos para argumentar la rebelión.

Algunas voces advirtieron que la aprobación de este proyecto tendría como repercusión la frustración definitiva de los diálogos con el Eln, que se rompieron del todo tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, en enero de este año.

Sin embargo, el Gobierno insistió que este proyecto es un paso para mejorar los eventuales procesos de negociación con grupos insurgentes. “El país está cansado de la impunidad y es una propuesta que presentó el presidente, que cogió cuerpo, que lo batallamos en el Congreso y que cerrará la puerta a este fenómeno”, dijo Gutiérrez.

Al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución se le agregará un inciso en el que se determina que el narcotráfico y secuestro no pueden ser consideradas conductas conexas al delito político. “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos,ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”, se leerá en el articulado.

La oposición, desde los inicios de la discusión, manifestó que la aprobación del proyecto llevaría un mensaje erróneo a los desmovilizados de las Farc.  “Además de esto, podría ser un incentivo para que grupos de criminalidad organizada recluten a antiguos miembros de las Farc aprovechándose del temor sobre su seguridad jurídica”, explican. 

Así las cosas, de llegar a un acuerdo de paz con el Eln, estos delitos tendrán que ser investigados por la justicia ordinaria y no por, ejemplo, por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal transicional creado en lo suscrito por el Gobierno y las Farc. También, está en curso un proyecto del Gobierno para que se desligue los delitos sexuales del delito político.

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