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“Goro” se hace humo tras negligencia del INPE, del PJ y de la Policía

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Entre sollozos,  Fiorella Nolasco responsabiliza al Poder Judicial (PJ), al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) e incluso a la Policía por la fuga de Rubén William Moreno Olivo, alias  “Goro”, implicado en la muerte de su padre, Ezequiel Nolasco , exconsejero regional de Áncash que pagó con su vida el oponerse a César Álvarez, recluido exgobernador de esa región.

Aunque para muchos estas acusaciones podrían ser producto de la indignación por la excarcelación del delincuente, las evidencias parecen apuntar a que la hija de la exautoridad ancashina no estaría muy alejada de la verdad. Por el momento, el caso de Moreno Olivo -cuyo paradero ahora es desconocido- provocó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) disponga el cese del Consejo Nacional Penitenciario, el que incluye al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Romero Rivera.

Esta fue la reacción luego de que el INPE excarcelara a “Goro”, tal como lo dictaba una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que disponía el cambio de su prisión preventiva por un arresto domiciliario. Todo ello en el marco de la investigación por el homicidio de Hilda Saldarriaga, testigo clave del primer atentado contra Ezequiel Nolasco, en julio del 2010, en el que pereció su hijastro, Roberto Torres Blas.

Aunque en un primer momento Concepción dictó la reclusión provisional de Rubén William Moreno, debió variar tal decisión por exceso de carcelería, pues Rubén William Moreno ya había cumplido una prisión preventiva de 36 meses -el máximo plazo establecido para dicha medida restrictiva- por estar también vinculado al homicidio de Nolasco, perpetrado en el año 2014.

El INPE, sin embargo, no debió liberar a “Goro”, ya que tenía una sentencia de 25 años de prisión de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior del Santa por el primer ataque a Nolasco, confirmada por la Corte Suprema en el 2017.

Cadena Su salida del Penal de Piedras Gordas, donde estaba recluido, se produjo porque en el sistema del INPE no figuraba esta última. Sin embargo, esta omisión sería solo una más de un concurso de negligencias. Según el presidente de la Corte Superior Del Santa, José Manzo Villanueva, dicha instancia remitió la sentencia ratificada al Registro Nacional de Condenas y al Penal de Cambio Puente de Chimbote.

Dos fuentes distintas del INPE aseguraron a Correo que en el Registro Nacional devolvieron dos veces el expediente al PJ: la primera, por la falta de la firma de un juez y la segunda -luego de que se había subsanado la omisión- porque faltaba la parte resolutiva de la condena. La Corte del Santa -aseguran- nunca contestó esta observación.

Uno de los informantes agregó que el responsable del registro penitenciario en Cambio Puente decidió inscribir la resolución solo en el sistema local, pero no en el que tiene un alcance nacional. Ambos agregaron que personal del INPE -como está dispuesto en los procedimientos- entregaron a “Goro” a la Policía, para que cumpla su arresto domiciliario en un inmueble ubicado en el jirón Azángaro, en el Centro de Lima, de donde escapó. Su ausencia se evidenció durante una audiencia por el homicidio del exconsejero regional, que se desarrolló el último 17 de junio.

Por su parte, el titular de la Primera Fiscalía de Crimen Organizado, Álvaro Rodas, a cargo de la investigación por el crimen de Hilda Saldarriaga, ha confirmado que su paradero es desconocido.

Responsabilidades Sobre el tema, en conversación con TV Perú, el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, destacó la reacción de su portafolio y aseguró que “la irregularidad es del INPE“.

En contraste, el exjefe del INPE y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, calificó de desproporcionada la decisión del Minjus, y advirtió que la Policía también tiene responsabilidad; ya que explicó que quienes salen de penales por arrestos domiciliarios no tienen “en ningún momento libertad plena”, pues los agentes deben custodiarlos desde las cárceles hasta su lugar de residencia.José Luis Pérez Guadalupe, también exjefe de la institución penitenciaria, afirmó que si esta devolvió los expedientes y la Corte del Santa no levantó las observaciones, el responsable sería el PJ.

Redoblan seguridad En tanto, Fiorella Nolasco se reunió con los ministros de Justicia y del Interior, Vicente Zeballos y Carlos Morán, quienes prometieron que desplegarían las medidas para capturar a Rubén Moreno, y para protegerla a ella y su familia.

Por su parte, la congresista Yeni Vilcatoma, quien estuvo a cargo del caso La Centralita cuando fue fiscal Del Santa, aseguró que “el poder del dinero ha hecho que este hombre (Moreno) pueda eludir la acción de la justicia”. 

“Se ha evidenciado corrupción, porque desde que se dictó esta sentencia, de 25 años, él debió empezar a cumplirla. Debió ser inscrita y debió empezar a correr años de carcelería (…). Aquí ha habido una irregularidad. Esa es la gravedad de los hechos”, enfatizó en RPP.