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Como parte del plan de aniquilamiento

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Desde Santa Fe

El Ministerio Público y la querella pidieron al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a los nueve imputados por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977. El fiscal Martín Suárez Faisal solicitó prisión perpetua para siete de ellos: los militares Ramón Abel Recio, Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y los policías Oscar Valdez, Ricardo Brunel, Rolando Martínez y Carlos Héctor Albornoz y 16 años de cárcel para los otros dos: Rodolfo Reible y Abel Romero. Mientras que las abogadas querellantes Lucila Puyol y Soledad Sánchez Jeanney reclamaron la máxima pena que es la prisión perpetua para los nueve que llegaron al banquillo. En todos los casos, por los supuestos “homicidios doblemente agravado” de cuatro militantes montoneros que resistían el terrorismo de estado: Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y los compañeros de ambos Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio. Los crímenes “fueron ejecutados en el marco del plan de aniquilamiento de opositores políticos instaurado durante la dictadura cívico militar, como se ha probado en este juicio”, dijo Suárez Faisal.

En el alegato, las abogadas de Hijos solicitaron también al Tribunal que reconozca como “víctima del terrorismo de estado” a la docente Elina Carlen, la primera que murió en el operativo y ordene investigar la “responsabilidad” del Ejército y Policía en la  “tentativa de homicidio” a los seis sobrevivientes de la masacre:  Jorge y Dora Giorgetti y su hijo Matías que tenía ocho meses; la hija de Carlen, Graciela y los dos hijos de los Piotti: Mariano, de un año y Jorge que era recién nacido.

Mañana, martes, y el miércoles, alegarán las defensas y el 27 de agosto se conocerá el veredicto del Tribunal integrado por los jueces Luciano Lauría (que lo preside), Otmar Paulucci y Mario Gambacorta.

“Con esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los mandos militares, se convirtieron en engranajes esenciales”. Suárez Faisal.

Suárez Faisal dijo que el juicio acreditó la “cobarde intervención” de “innumerables efectivos del Ejército y la Policía” en el operativo de Ituzaingó y Las Heras. Rodearon la zona con anillos perimetrales de aseguramiento, coparon techos y casas vecinas utilizándolas como centro de operaciones, se apostaron en diferentes puntos de tiro, con armas cortas y largas de grueso calibre y granadas y dispararon durante horas contra cuatro militantes (que tenían dos menores de edad con ellos y estaban sitiados en un pequeño departamento), que si bien podrían haber estado armados -como dijeron algunos imputados y unos pocos testigos- no se compara en absoluto con el poder de ataque” de la fuerza de tareas.

“Sin temor a equivocarme –entendió el fiscal- el motivo que llevó a delinquir (a los imputados)  fue la criminal convicción” de que la llamada ‘Lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley”.

“Con esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, se transformaron en mayor o menor medida, en engranajes esenciales para que las fuerzas armadas y de seguridad, se pusieran al servicio de la dictadura más cruel que recuerde nuestro país”.”Todos, tenían esa comunión ideológica” con el terrorismo de estado, planteó.

Entre las pruebas, el fiscal mencionó la entrega de un “botín de guerra” que quedó acreditada en un acta que firmó uno de los imputados, el coronel Recio. El operativo se realizó unos días antes de Ituzaingó y Las Heras, el 4 de enero de 1977 en San Martín y Boneo, donde murió la esposa de Frigerio, María Josefina Mujica, y sobrevivió el hijo de ambos. El libro de guardia de la Seccional 7ª documenta que el 12 de enero, Recio recibió -bajo firma- lo que  “no eran elementos de prueba para una causa o material de propaganda política, sino que se trataba de una cama de madera de dos plazas con colchón, un colchón de una plaza, cobijas, dos sillones de cuero, mesas de luz, mesada de granito y almohadas”, recordó Suárez Faisal. “Es decir, se dejó registrado el robo de todos los muebles de la casa, como seguramente pasó en el departamento de Ituzaingó y Las Heras“, según el relato de una bioquímica que declaró en el juicio haber escuchado a “dos militares apostados cerca de la ventana de su laboratorio que decían que habían sacado cosas del lugar”.

En la casa de calle Obispo Boneo –recordó el fiscal- “fueron asesinados Adriana Bianchi, José Pablo Ventura y la compañera de Frigerio, María Josefina Mujica, quien estaba con su hijo que luego fue restituido a sus abuelos maternos”.