Política

Proponen ampliar el pedido de antecedentes judiciales para trabajo con población vulnerable

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Un proyecto de ley presentado por varios legisladores del oficialismo prevé ampliar el pedido de   antecedentes judiciales que deben exigir instituciones  del área educativa, de la salud y de aquellas que impliquen trato directo con niños y adolescentes, y con personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia.

Actualmente, la ley 17.791 ya fija una decena de antecedentes judiciales a ser informados en este certificado, y este proyecto propone sumar seis más. Estos son:

– privación de libertad (artículo 281 del Código Penal)

– incapacidad compulsiva (artículo 291 del Código Penal)

– abandono de niños y de personas incapaces (artículo 329 del Código Penal)

– omisión de asistencia (artículo 332 del Código Penal)

– abuso de la inferioridad psicológica de los menores y de los incapaces (artículo 350 del Código Penal)

– abuso de firma en blanco (artículo 352 del Código Penal).

“Resulta conveniente, efectivo, y de una economía administrativa a destacar, que todas las Instituciones de Salud Públicas o Privadas, así como

Residenciales, o Sistema de Cuidado, por nombrar algunos de ellos, tomen recaudos al momento de contratar o seleccionar una persona que va a estar al cuidado de un adulto mayor, y extender el listado de delitos, apuntando al adulto mayor y su situación de vulnerabilidad, donde es víctima de delitos tales como privación de libertad, incapacidad compulsiva (sin motivo legítimo, colocar a otro sin su consentimiento en un estado letárgico) abandono y omisión de asistencia. Estos últimos se encuentran con frecuencia en sentencias dictadas en nuestro país y cuyas víctimas son adultos mayores. No podemos seguir desconociendo estas situaciones, al contrario tenemos que buscar las medidas necesarias de protección, para que las personas que vayan a acompañar, asistir, cuidar, a ese adulto mayor no tengan antecedentes penales de esas características”, dice la exposición de motivos del proyecto.

“Al incluir estos delitos penales y su información mediante el ‘certificado de antecedentes judiciales según la Ley N° 19.791′, estamos previniendo, protegiendo y garantizando que quien asista, cuide, acompañe al adulto mayor, no posea antecedentes penales de esa envergadura”, agrega.

El proyecto de ley fue presentado el 11 de mayo por los diputados cabildantes Sebastián Cal y Silvana Pérez Bonavita, y por los nacionalistas Mario Colman, Fernanda Araujo, Rodrigo Goñi y Diego Echeverría. De acuerdo a la página del Parlamento, está a estudio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.

Actualmente, en la ley 19.791 ya se encuentran incluidos los siguientes antecedentes judiciales: 

– Violación (artículo 272 del Código Penal).

– Abuso sexual (artículo 272-BIS del Código Penal).

– Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272-TER del Código

Penal).

– Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal).

– Abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273-BIS del Código

Penal).

– Corrupción (artículo 274 del Código Penal).

– Reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo

forzoso (artículo 280 del Código Penal).

– Esclavitud sexual (artículo 280-BIS del Código Penal).

– Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil (artículo

280-TER del Código Penal).

– Prostitución forzada (artículo 280-QUATER del Código Penal).

– Los consagrados en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004.

Allí se establece además que el Registro Nacional de Huellas Genéticas y el Departamento de Legajos Prontuariales y Patronímicos pertenecientes a la Dirección Nacional de Policía Científica, elevarán el certificado referido, el que no tendrá costo alguno para la institución solicitante.