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“Panamá debe fiscalizar cumplimiento de normas de transparencia fiscal para salir de lista del GAFI”

“Me parece que ese proceso puede tomar tal vez, hasta el próximo año en la siguiente evaluación, que sería a inicios del 2023, lo que da un poco más de tiempo para cumplir con ese proceso, pero es muy poco probable que todo esté listo para octubre de este año”, precisó

Rivera considera que si Panamá no puede atender tecnológicamente un requerimiento de información de otros países, es difícil que se salga de la lista

La posibilidad de que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está cada vez más cerca, aunque aún le queda camino por recorrer, luego de que este organismo internacional le reconociera al país el avance en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción, pero decidiera mantenerlo en esta denominada lista discriminatoria, en la que fue incluido en junio de 2019.

Para el abogado Rafael Rivera, socio director de la firma BDO, que presta servicios de auditoría, asesoría, supervisión bancaria basada en riesgos, servicios Legales y tributarios; con la decisión asumida recientemente por el GAFI en la plenaria realizada el pasado viernes 17 de junio en Berlín, Alemania, se evidencia que más que la aprobación de nuevas leyes en materia de transparencia fiscal, lo que debe hacer Panamá es lograr el cumplimiento de las leyes existentes y la fiscalización para que efectivamente se cumplan.

Sostuvo que uno de los puntos importantes que se deben cumplir es que el Registro de Beneficiarios Finales quede efectivamente implementado a través de la plataforma que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace varias semanas atrás.

“Esa plataforma debe quedar habilitada con la información que le alimenten los agentes residentes sobre los beneficiarios finales de cada una de las sociedades y fundaciones, y esa misma plataforma debe permitir el acceso de las autoridades reguladoras de esa información para tenerla disponible y poder enviarla a los países que envíen requerimientos de intercambio de información a Panamá”, señaló el especialista.

Consideró que el tener el Registro de Beneficiarios Finales activo, alimentado y que la Superintendencia de Sujetos no Financieros tenga la posibilidad de poder fiscalizar quienes han cumplido o quienes no han cumplido con dicha obligación y aplicar las sanciones respectivas, será la tarea pendiente que queda y que efectivamente puede tomarle al país un poco más de tiempo.

Al ser consultado Rivera, sobre qué tanto tiempo le tomará a Panamá salir de la lista gris tras la última decisión del GAFI, indicó que como la siguiente evaluación es en octubre próximo, ve muy difícil que para ese momento se pueda tener toda esa información alimentada en esa plataforma y que ya esté disponible para los efectos necesarios.

“Me parece que ese proceso puede tomar tal vez, hasta el próximo año en la siguiente evaluación, que sería a inicios del 2023, lo que da un poco más de tiempo para cumplir con ese proceso, pero es muy poco probable que todo esté listo para octubre de este año”, precisó.

La diplomacia: “Estrategia acertada del Gobierno”

Rivera, a pesar de que Panamá no logró en esta oportunidad salir de esta lista, calificó como “acertada” la estrategia del gobierno actual, en el sentido de que están haciendo varias cosas, y una de ellas dijo, es la parte diplomática de ir a explicar la posición de Panamá para tratar de ganar respaldo como lo dijo el nuevo embajador de Panamá en Estados Unidos, de que quiere el respaldo de Estados Unidos para salir de este tema.

“Eso es muy importante, y no solo eso, hace poco leí unas declaraciones de la embajadora alemana que también manifestó que considera que hay buenas probabilidades que Panamá salga, pero que lo importante es mantener y cumplir los compromisos que se adquieren y no estar después en un año o dos en la misma situación”, destacó.

Enfatizó que en realidad el tema de las listas grises es que son procesos que hay que cumplir y tienen distintas etapas o distintas fases que el país se ve comprometido a cumplir, implementar y ejecutar para ir avanzando en las evaluaciones que con los años se van haciendo más profundas y más complejas. 

Reiteró que el asunto ahora es la fiscalización del cumplimiento de las normas ajustadas y aprobadas por Panamá, especialmente en el control o la fiscalización de la oficina gubernamental a cargo de ese tema, que es la Superintendencia de Sujetos no Financieros, que está empezando desde hace un par de años a tener un poco más de garra, un poco más de herramientas y un poco más de personal.

Agregó que cuando se habla del negocio de las sociedades anónimas, pueden haber 3,000 mil agentes residentes activos o abogados como agentes residentes, por lo que señaló que habría que ver cuál es el nivel de fiscalización de esos 3,000 mil agentes residentes por parte de esta oficina, que está incipiente.

“Seguramente en la siguiente revisión del GAFI se va a verificar si en Panamá se están cumpliendo las reglas aprobadas y si la plataforma está funcionando con los datos requeridos. Esa plataforma debe ser entendida como un paso firme en la dirección correcta, y que indique que Panamá va a tener la capacidad de que los agentes residentes suministren la información de los accionistas o beneficiarios finales de las sociedades en esa plataforma”, enfatizó.

Advirtió que desde ahora el GAFI va a verificar si eso se está cumpliendo o no, y si no se está cumpliendo, “no podemos seguir fuera de la lista, son compromisos que se van adquiriendo conforme avanzas”.

Lo importante recalcó, es que Panamá ejecute sus compromisos y los haga cumplir; es decir, que si mandan un requerimiento de información de España o de Francia, que Panamá pueda acceder a esa información y enviarla, “pero si no puede, es difícil que se mantenga fuera de la lista”, puntualizó.

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