La Universidad Central de Venezuela y otras instituciones de educación superior atraviesan una profunda crisis salarial que ha llevado a trabajadores y estudiantes a las calles. Benjamín Scharifker, antiguo rector de la Universidad Simón Bolívar y reconocido investigador científico, denunció públicamente que recibió 1.560,52 bolívares en su quincena, de los cuales el banco descontó 1.370 por emisión de estado de cuenta, dejándole apenas 190,52 bolívares equivalentes a 21 centavos de dólar al cambio oficial. Este testimonio expone la magnitud de la precarización que sufren los académicos venezolanos en los últimos años.
Otros académicos de prestigio se sumaron a las denuncias de Scharifker compartiendo sus propias experiencias de privación económica. Pedro Rodríguez, doctor en Psicología y profesor titular jubilado de la UCV, reveló que recibió 809,54 bolívares en concepto de quincena, pero los descuentos de la Asociación de Profesores ascendieron a 1.445,07 bolívares, quedando con una deuda de 636,07 bolívares. Marco Negrón, quien fuera decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, ironizó sobre su situación al recibir apenas 1.349 bolívares, equivalente a 1,49 dólares, quedando también endeudado.
La Asociación de Profesores de la UCV convocó a un paro nacional de actividades para el próximo 16 de noviembre, uniéndose a los trabajadores de salud y educación. En un comunicado, la APUCV denunció que "en las últimas décadas los académicos venezolanos hemos sido víctimas de la precarización de nuestras condiciones de vida y de trabajo sin precedentes", subrayando que no puede existir reinstitucionalización del país ignorando los derechos laborales. Ángel Rafael Lombardi Boscán, director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, agregó que la situación es tan crítica que profesores recién contratados renuncian por los bajos salarios, siendo jubilados quienes terminan dictando los cursos.
En medio de estas protestas, la ministra de Educación Superior, Ana María Sanjuán, impulsa un debate para redactar una nueva Ley de Universidades, lo que ha generado tensión adicional en el sector académico. Los profesores universitarios exigen mejoras salariales inmediatas como condición fundamental para cualquier reforma legislativa, argumentando que es imposible hablar de democratización del país cuando los derechos laborales básicos no son reconocidos ni garantizados por el gobierno interino.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
