Su base de seguidores aumentó a pesar de — o gracias a— que las cámaras lo registraron cuestionando a los bomberos por estar “gordos, perezosos y barrigones”; prometiéndole a transportadores ilegales “hacerse el bobo y no mandarles a la Policía”; e incluso abofeteando a un concejal opositor en una transmisión en vivo. Las comparaciones con Donald Trump pronto aparecieron, en parte al ver que los apoyos incrementaban a la par con sus líos judiciales. La Procuraduría le abrió distintas causas disciplinarias, encontrándolo culpable, y Hernández poca importancia le prestaba. Cualquier sanción la utilizaba a su favor. Anticipándose a una de ellas, renunció cuando le faltaban pocos meses para finalizar su periodo como alcalde para hacer campaña por su sucesor ungido, y denunció que era víctima de una persecución política. Dejar sus funciones no fue una desventaja: el 84% de los bumangueses aprobó su incompleta gestión, y su candidato fue elegido.

Los hechos por los que es condenado se remontan a su etapa como alcalde de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, entre 2016 y 2019. Su Administración abrió una licitación para elegir un consultor encargado de evaluar la viabilidad de convertir las basuras de la ciudad en energía. Entre los interesados estaba Vitalogic, una compañía dedicada al manejo de residuos sólidos. La empresa había celebrado un acuerdo con uno de los hijos de Hernández, Luis Carlos, como lobbysta, y había acordado entregarle una comisión en caso de que obtuviera el negocio. Desde entonces, el exalcalde niega que estuviera al tanto de la actuación de su hijo. También ha alegado que no ejerció ninguna presión para que Vitalogic fuera beneficiada, pero las pruebas que presentó la Fiscalía, incluyendo pantallazos de conversaciones de WhatsApp, convencieron al juez. En los próximos días se conocerá la pena que se le impondrá al ingeniero.

Hernández, que había hecho carrera como empresario y contratista del Estado, llegó a la Alcaldía tras ganar unas elecciones en las que su candidatura parecía inviable. Ni él confiaba en sus posibilidades y viajó al exterior antes de que se conocieran los resultados. Se enteró del triunfo un día después. Su popularidad no tardó en despegar. Gracias a su radical discurso anticorrupción y su inusual desparpajo, que contrastaba con las formas de los líderes políticos tradicionales, atrajo la atención de la opinión pública. Excusándose en su condición de outsider ajeno al poder —no del todo cierta porque financió aspiraciones electorales antes de ser alcalde y había sido cercano a la clase política local por décadas—, protagonizó múltiples salidas de tono. Paradójicamente, siempre cayó parado.

Su base de seguidores aumentó a pesar de — o gracias a— que las cámaras lo registraron cuestionando a los bomberos por estar “gordos, perezosos y barrigones”; prometiéndole a transportadores ilegales “hacerse el bobo y no mandarles a la Policía”; e incluso abofeteando a un concejal opositor en una transmisión en vivo. Las comparaciones con Donald Trump pronto aparecieron, en parte al ver que los apoyos incrementaban a la par con sus líos judiciales. La Procuraduría le abrió distintas causas disciplinarias, encontrándolo culpable, y Hernández poca importancia le prestaba. Cualquier sanción la utilizaba a su favor. Anticipándose a una de ellas, renunció cuando le faltaban pocos meses para finalizar su periodo como alcalde para hacer campaña por su sucesor ungido, y denunció que era víctima de una persecución política. Dejar sus funciones no fue una desventaja: el 84% de los bumangueses aprobó su incompleta gestión, y su candidato fue elegido.

Los dos años siguientes le sirvieron para preparar el terreno de su futura aspiración. Desestimaba en medios la investigación por el caso Vitalogic, calificándola de ficticia, y decía que quería ser presidente. Su ambigüedad ideológica le resultó favorable. Como en su candidatura previa en Bucaramanga, empezó abajo en las encuestas y sus números mejoraron a medida que se acercaban los comicios. Al principio lanzaba recriminaciones al Gobierno de Iván Duque y admitía que votaría por Gustavo Petro en caso de no pasar a segunda vuelta. Pronto dejó atrás esas declaraciones. La falta de un candidato carismático en los partidos de derecha —el uribismo no llevó candidato propio y luego apoyó a Federico Gutiérrez, quien no logró consolidarse— lo fue convirtiendo en el único capaz de impedir una victoria de la izquierda. Lo abrazaron quienes antes lo rechazaban por sus simpatías con Petro; lo repudiaron los que anteriormente le pedían unirse al hoy primer mandatario.

En junio de 2022, un mes después de las votaciones, se reunió con Petro. En sus redes sociales publicó la foto de un apretado abrazo entre quienes semanas antes eran rivales, acompañada de un guiño al presidente electo: “Empezó el cambio”. El hecho fue recibido como una traición por muchos de sus votantes, el primer paso de una desconexión que iría acrecentándose. Las leyes colombianas determinan que el segundo en unas elecciones tiene derecho a ser investido como senador para que ejerza la oposición. Hernández aceptó, tomando posesión en julio de ese año, pero dimitió en octubre afirmando que su estadía en el Legislativo equivalía a “tener a Messi de portero”. De esa corta estadía no dejó ninguna iniciativa de mostrar.

El nocaut político vino con su fallida aspiración a la Gobernación de Santander, en las elecciones regionales de 2023. El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó su candidatura después de confirmar que estaba inhabilitado para competir, ya que la Procuraduría lo había sancionado disciplinariamente en tres ocasiones. Hernández insistía en sus redes sociales que aquel impedimento era falso e invitaba a la gente a apoyarlo. Aunque los votos que recibió no eran válidos, quedó cuarto en el conteo. Fue su despedida de la vida pública. La condena de hoy, que podrá ser revisada en segunda instancia, probablemente es el cierre de su fugaz carrera. Estuvo cerca de alcanzar el máximo honor y llegar a la Presidencia, pero concluyó con problemas judiciales y un avanzado cáncer de colón.